La Haya: el acierto de lo racional y lo razonableEn un libro fundamental, El ataque contra la razón, Al Gore aboga por una concepción racional y razonable de la política y la política exterior. Desde la perspectiva de los intereses de la nación peruana, resolver la controversia marítima con Chile a través de la Corte Internacional de Justicia era, parafraseando a Gore, un imperativo racional y razonable de la política exterior.
Hoy se ha concretado esa opción en la defensa de las 200 millas. Se ha presentado en La Haya la demanda contra Chile para obtener una solución a la controversia marítima aplicando el Derecho Internacional. El gobierno de Alejandro Toledo tomó la decisión política de recurrir a la Corte y ejecutó todas las acciones jurídicas y diplomáticas que constituían requisitos "sine qua non" para poder presentar la demanda. A la actual administración le correspondió, primero, alejarse de lo racional y lo razonable en el manejo de este problema, y luego –a través de una sana rectificación– la doble responsabilidad de presentar la demanda y, casi con seguridad, de culminar la primera fase del juicio en La Haya, es decir, el proceso sobre la declaratoria de competencia de la Corte y la admisión de la demanda. Previsiblemente, tocará al próximo gobierno el litigio de la parte sustantiva del juicio y la sentencia final.
Simbólicamente, la participación de tres gobiernos sucesivos en la sustentación, presentación y gestión de la demanda muestra el carácter de política de Estado que tiene la controversia marítima con Chile.
En ese contexto, ha sido una saludable noticia que el gobierno haya decidido escuchar voces constructivas de la oposición e incluir en la demanda el desacuerdo sobre el punto de inicio de la frontera marítima, resguardando de manera responsable la consistencia jurídica de la posición peruana. El texto de la demanda con una redacción minimalista ha definido acertadamente la cuestión crucial de los diferentes elementos de la controversia, al incluir en el párrafo medular los tres diferendos que oponen las tesis jurídicas y los intereses de Perú y Chile: 1) La cuestión limítrofe propiamente dicha en el área de superposición de las respectivas áreas marítimas del Perú y Chile, que debiera resolver aplicando la norma de los principios equitativos trazando la frontera a través de una línea equidistante; 2) El desacuerdo sobre el punto de inicio de la frontera marítima, que opone la posición del Perú que sostiene que el límite debe trazarse a partir del punto en el que la frontera terrestre confluye con el mar (Tratado de 1929) y la actitud chilena de considerar que la frontera marítima se inicia en un "punto seco", el Hito número 1, al interior del territorio peruano; 3) La ilícita pretensión de Chile de desconocer 28,471.86 km del dominio marítimo del Perú, al asignarle la condición de alta mar y reservarse en dicha área derechos económicos preferenciales y ciertas facultades jurisdiccionales.
La demanda cumple, de esta manera, con el rigor jurídico necesario que debe asegurar la mejor defensa de los intereses del Perú. Es correcta también la previsión de reservar a futuro el derecho del Estado peruano de incluir en la demanda cuestiones adicionales o complementarias.
Al definir adecuadamente los tres componentes de la controversia, la demanda obtiene un valor agregado en la política interna. Con seguridad, convocará el consenso y el respaldo de todas las fuerzas políticas e institucionales, ya no sólo sobre la decisión de acudir a La Haya, sino en torno al fondo de la demanda. Una auspiciosa situación que debe dotar de consistencia y legitimidad permanente a una decisión que más allá de la circunstancia temporal de los gobiernos, compromete al estado y a la nación. Se ha empezado bien. El éxito futuro dependerá de la contundencia, consistencia y sabiduría de la defensa jurídica.
Fuente: La República (17 de enero de 2008)
